Un espacio de lucha, articulación y solidaridad feminista desde el que buscamos incidir para generar cambios en las condiciones que limitan a las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar para decidir libremente sobre sus cuerpos, sus vidas y sus proyectos reproductivos.
Nuestra apuesta es defender la autonomía reproductiva y el derecho a decidir, promoviendo el acceso a una salud digna, al aborto y a maternidades elegidas, sin criminalización, estigma ni encarcelamiento.
Nos nombramos regionales porque en Mesoamérica compartimos contextos en los que las leyes, las políticas y las desigualdades restringen nuestra capacidad de decidir. Frente a estas realidades, articulamos experiencias, saberes y solidaridades entre organizaciones, colectivas y personas defensoras para fortalecer las luchas por la justicia reproductiva en la región y, particularmente, en El Salvador.
Construimos alianzas y aprendizajes colectivos para mover conciencias, generar conversación pública, fortalecer la organización e incidir en otros espacios de articulación y resistencia. Creemos en la fuerza de organizarnos más allá de las fronteras y en la solidaridad regional como una herramienta para sostener y ampliar nuestras luchas.
Nuestro tránsito está marcado por un contexto difícil para las organizaciones en El Salvador, donde defender derechos es mas difícil cada año. en nuestro recorrido esta la lucha por Las 17 y más, una campana que movió conciencias al rededor del mundo y puso en evidencia las graves consecuencias de la penalización absoluta del aborto en El Salvador. Gracias a la solidaridad y el apoyo de muchas personas v organizaciones dentro y fuera de El Salvador, más de 70 mujeres han recuperado su libertad después de haber sido encarceladas y condenadas a penas de hasta 50 años, tras enfrentar emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios.
La persecución y criminalización suceden en un contexto de prohibición absoluta del aborto, donde
muchas mujeres que enfrentan una emergencia obstétrica son investigadas, acusadas y encarceladas
Este patrón de criminalización ha sido documentado en nuestras investigaciones Del hospital a la cárcel, que evidencian como las mujeres pueden pasar de buscar atención médica a enfrentar procesos penales y condenas por hechos relacionados con emergencias obstétricas.
Junto a organizaciones aliadas, nacionales e internacionales, llevamos los casos de Manuela y Beatriz ante e Sistema Interamericano de Derechos Humanos, contribuyendo a visibilizar las graves consecuencias de la criminalización del aborto y de la falta de acceso a servicios de salud reproductiva.
El caso de Manuela llegó ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, que en 2021 declaró responsable al Estado salvadoreño por las violaciones de derechos cometidos en su contra.
En el caso de Beatriz, acompañamos la lucha por el reconocimiento de su derecho a acceder a un aborto para salvar su vida y contribuimos al proceso que culminó en 2024 con la sentencia de la Corte IDH, que declaró responsable al Estado salvadoreño por las violaciones de derechos cometidas contra ella.
Las sentencias de la Corte IDH son de obligatorio cumplimiento, por eso hemos creado los observatorios: Beatriz y Manuela, donde damos seguimiento al cumplimiento por parte del Estado salvadoreño.
